Clara Margarita Montilla Herrera, subdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), renunció a sus funciones luego de que la Fiscalía anunciara que será imputada por presuntas irregularidades en la contratación del segundo “puente Plato” en la denominada Ruta del Sol III, dentro del caso Odebrecht.

En una carta dirigida al presidente Gustavo Petro, manifiesta que no ha sido contactada por el ente investigador sobre el caso en mención.

“Esta renuncia obedece a que el día de hoy anunciaron que, al parecer, seré objeto de una imputación de cargos por parte de la Fiscalía General de la Nación, aunque la Fiscalía no me ha comunicado directamente ninguna decisión sobre este asunto hasta la fecha”.

Sin embargo, consideró que es mejor renunciar para dedicar el tiempo a preparar su defensa, en caso de ser necesario. 

De igual manera, manifiesta que no quiere que esta situación sea aprovechada para afectar al Gobierno.

“Aunque tengo la conciencia tranquila y siempre he obrado de manera correcta e íntegra, considero necesario renunciar a mi cargo para disponer del tiempo necesario para asumir mi defensa, en caso de ser necesario, y también para evitar que mi presencia en el equipo de Gobierno pueda ser aprovechada para atacar también injustamente a su administración”, expresò Montilla.

Agrega también en un comunicado que con respecto a lo indicado por el ente investigador, "mi única relación con el asunto con el cual, según la prensa, la Fiscalía me imputará cargos, consiste en que asistí a una sesión del comité de contratos en la que se presentó un tema relacionado con la concesión ruta del Sol III - proyecto que nunca estuvo a mi cargo en la Gerencia que desempeñé en la ANI- nunca participé ni en los estudios ni en el análisis previo del otrosí del contrato de concesión que mencionan las noticias de prensa”,

Sobre estos hechos la Fiscalía informó este martes que tiene elementos materiales probatorios para imputar por celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y enriquecimiento ilícito de particulares a otros nueve funcionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), entre ellos Montilla, quien en ese entonces era la gerente de asesoría legal de contratación y delegada del presidente en el comité asesor.